Santo Domingo Este, 3 de octubre de 2025 – En un país que clama por justicia y respeto a los derechos fundamentales, no podemos quedarnos callados ante las extralimitaciones de quienes deberían servir y proteger.
El director de la Policía Municipal de Santo Domingo Este se excederse de manera flagrante en sus funciones al acusar sin pruebas a trabajadores que legítimamente reclaman sus prestaciones laborales en la Alcaldía de este municipio.
Llamarlos «enviados» –insinuando una supuesta agenda política o manipulación externa– no solo carece de evidencia, sino que constituye un claro acto de difamación que atenta contra la dignidad de la ciudadanía.
El Contexto: Reclamantes Silenciados con Acusaciones Infundadas
Los hechos son escandalosos y merecen ser ventilados a la luz pública. Trabajadores desvinculados de la Alcaldía de Santo Domingo Este, muchos de ellos con años de servicio dedicado al servicio público, han estado exigiendo el pago de sus prestaciones laborales: indemnizaciones, vacaciones no disfrutadas y otros beneficios que la ley les garantiza. En lugar de un diálogo constructivo o una resolución administrativa, el director de la Policía Municipal ha optado por una táctica vil: desacreditarlos públicamente. En declaraciones recientes, los ha calificado de «enviados» por fuerzas políticas opositoras, sin presentar ni una sola prueba –ni documento, ni testimonio, ni rastro de evidencia– que respalde tal afirmación.Esta no es la primera vez que vemos cómo reclamantes de prestaciones en entidades públicas son estigmatizados. En el caso del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el director Rafael Burgos Gómez ha expresado frustración similar, cuestionando la legitimidad de algunos exempleados y afirmando que «no se lo merecen», lo que ha generado un clima de desconfianza y divisiones innecesarias. Pero en Santo Domingo Este, la situación escala a un nivel más alarmante: un funcionario policial, cuya autoridad debería limitarse a la seguridad, se atreve a jugar de juez y verdugo en un asunto laboral civil. ¿Quién autorizó esta intromisión? ¿Por qué no se enfoca en patrullar las calles en lugar de perseguir a ciudadanos que solo buscan lo que les corresponde por ley?
El Rol de la Policía Municipal: Seguridad, No Política ni Acusaciones Arbitrarias
Recordemos, para que no queden dudas, cuál es el verdadero mandato de la Policía Municipal en la República Dominicana. Según la Ley 345-06 de la Policía Nacional y normativas complementarias como la Ley 176-07 de Seguridad Ciudadana, la Policía Municipal –dependiente de las alcaldías– tiene un rol estrictamente delimitado: preservar el orden público, prevenir delitos menores, regular el tránsito y garantizar la seguridad en espacios municipales. Su función es operativa y comunitaria, no investigativa ni judicial. No son detectives de inteligencia, ni fiscales, ni mucho menos árbitros de disputas laborales.La policía municipal no debe meterse en política ni en acusaciones contra la ciudadanía. Hacerlo no solo viola el principio de neutralidad establecido en el artículo 4 de la Ley 345-06 –que exige imparcialidad y apego a la Constitución–, sino que desvirtúa su esencia. Imagínese: en lugar de combatir el robo en los barrios o velar por la paz en los mercados, el director usa su posición para lanzar dardos envenenados contra trabajadores desprotegidos. Esto no es liderazgo; es abuso de poder. La seguridad ciudadana debe ser su prioridad, no convertirse en un escudo para encubrir demoras en pagos o fallos administrativos de la Alcaldía.
El Autoritarismo Desnudo: Un Peligro Real para los Ciudadanos
Estas extralimitaciones no son un error aislado; revelan un carácter autoritario que pone en jaque la democracia dominicana. Cuando un funcionario público acusa sin pruebas, siembra duda, miedo y división en la sociedad. Los reclamantes, ya vulnerables por su situación económica, ahora enfrentan el estigma de ser «enviados» –una etiqueta que podría derivar en hostigamiento, vigilancia indebida o incluso represalias. ¿Cuántos se atreverán a alzar la voz si saben que serán difamados por una autoridad que debería protegerlos?El peligro es evidente: estos excesos fomentan un clima de impunidad donde el poder se ejerce a capricho, erosionando la confianza en las instituciones. En un país con una historia marcada por abusos estatales, no podemos permitir que la Policía Municipal –un pilar de la convivencia– se convierta en herramienta de represión. Los ciudadanos corren riesgo real: de perder no solo sus derechos laborales, sino su libertad de expresión y su seguridad personal. Si no se actúa, ¿qué sigue? ¿Acusaciones contra periodistas, activistas o cualquier disidente?
